Elecciones 2015, cómo avanzar en los retos frente al VIH

PSOE, Unidad Popular, Podemos, Ciudadanos y UPYD asumen un Pacto de Estado frente al VIH

icono_pdfPacto de Estado frente al VIH, el sida, la discriminación y el estigma

 

CESIDA expone 21 acciones que desde distintas áreas de gestión de los Gobiernos autonómicos y locales se pueden poner en marcha para avanzar en los retos que plantea la respuesta al VIH y al sida.

Informe con las 21 acciones de CESIDA en respuesta al  VIH

Informe con las propuestas de los partidos

–Cartel web en castellano, catalán, euskera y gallego.

Unirse a la campaña en redes sociales.

– CESIDA solicita a los partidos políticos incluir en sus programas electorales acciones de respuesta al VIH (Nota de prensa)

– CESIDA informa sobre los aspectos de sanidad e igualdad que incluyen los partidos políticos (Nota de prensa)

– CESIDA Madrid se reúne con UPyD y PP para tratar el VIH de cara a las elecciones

– Las organizaciones de CESIDA en Madrid trasladan al PSM sus propuestas electorales en VIH y sida

– Izquierda Unida reafirma su compromiso con las organizaciones VIH de la Comunidad de Madrid

– Podemos Madrid crearía un Plan Autonómico sobre el VIH

Las medidas hacen referencia a políticas que desarrollan o puedan desarrollar diferentes Consejerías o Concejalías de Bienestar Social, Cultura, Educación, Sanidad, Justicia y Administración Pública, Participación ciudadana…:

Estas medidas las hemos dividido por áreas; 1.- Prevención del VIH y otras ITS / 2.- Atención / 3.- Social / 4.- Político / 5.- Educación

1.- Prevención del VIH y otras ITS. La prevención debe ser uno de los principales ejes de actuación, teniendo en cuenta las distintas realidades de los diferentes sectores sociales y con especial atención a las poblaciones más vulnerables a la infección: hombres que tienen sexo con hombres, mujeres, inmigrantes, personas privadas de libertad, personas usuarias de drogas, personas trabajadoras del sexo, mayores, jóvenes.

Toda la sociedad, y especialmente las administraciones, tienen que hacer suyo el Programa de Naciones Unidas, estrategia que sigue la regla del 90-90-90, que tiene como objetivo conseguir en el año 2020 que el 90 % de las personas con VIH estén diagnosticadas, que de éstas, el 90 % reciba tratamiento antirretroviral y que el 90 % de éstas presenten carga viral indetectable.

1.1.- Refuerzo e implementación de medidas con eficacia demostrada que disminuyen las nuevas infecciones, tales como realización de campañas de prevención del VIH y otras ITS y de promoción del diagnóstico precoz, especialmente dirigidas a las poblaciones más vulnerables; profilaxis pre y post exposición, programas de reducción de daños.

1.2.- Facilitar el acceso a la prueba rápida del VIH y apoyar aquellas entidades sociales que ya están realizando dicha prueba, con especial apoyo a las que trabajan con poblaciones más vulnerables, así como el fomento de la realización de estas en los centros de salud.

1.3.- Que los programas de reducción de daños en el ámbito de las drogas, que tanto han contribuido al control de la epidemia en España, se refuercen y que no se produzcan recortes en ellos.

1.4.- Disminuir la alta incidencia de nuevas transmisiones de VIH que en la actualidad afectan a hombres que practican sexo con otros hombres explorando e implementado todas las opciones preventivas actualmente disponibles.

1.5.- Plan integral autonómico contra la hepatitis C donde se recoja la promoción del diagnóstico de la infección, el tratamiento de una forma temprana, registro de la prevalencia, la atención integral a las personas afectadas, acceso urgente a nuevos fármacos a las personas que lo precisan e información a la población en general.

 

2.- Atención. Es primordial una atención integral a las personas que viven con VIH para que no vean mermada su calidad de vida. Aumentar el acceso a y la comprensión de las políticas y programas sustentados en evidencia y basados en los derechos humanos; que apoyan a las personas que viven con el VIH a que tomen decisiones que respondan a sus necesidades; y que les permiten tener vidas saludables libres de estigma y discriminación.

2.1.- Garantizar el acceso universal a todas las carteras de servicios asistenciales de la sanidad pública de todas las personas independientemente de su condición laboral o su situación administrativa en la comunidad autónoma.

2.2.- Garantizar el acceso a los nuevos fármacos de la hepatitis C a cuantos enfermos/as les sea prescrito estos tratamientos incluyendo a las personas privadas de libertad.

2.3.-  Unificación de protocolos entre hospitales de la misma comunidad (petición de pruebas, dispensación en farmacia hospitalaria de los tratamientos…) que evite la disparidad de criterios entre hospitales de una misma comunidad.

2.4.- Impulsar medidas que garanticen el tratamiento a las personas con hepatitis que están privadas de libertad. El tratamiento de la hepatitis en el ámbito penitenciario debe ser una de las políticas públicas que se deberían mejorar sensiblemente. Programas de atención a las personas reclusas con VIH en las prisiones, subvencionados por las CC AA.

 

3.- Social: Actualmente numerosas personas que viven con VIH son excluidas social y laboralmente, para evitar esta situación es necesaria la actuación de los organismos públicos. Por ello es necesario dar respuesta a los casos de vulneración de los derechos de las personas que viven con VIH con el objetivo de reducir la discriminación social de estas personas:

3.1.- Revisar y subsanar las situaciones susceptibles de ser consideradas como discriminatorias dentro de las propias administraciones locales y autonómicas (trámites burocráticos, convenios laborales…) hacia las personas con VIH. Reformar de los procesos selectivos de empleo público en el ámbito local y autonómico, especialmente en la policía autonómica y local, bomberos… para que las personas con VIH no sean excluidas de forma genérica. Reforma de las normas que regulan la seguridad privada y las ordenanzas municipales del taxi que excluyen a las personas con VIH.

3.2.- Puesta en marcha un pacto social contra la discriminación por VIH en el que participe el gobierno autónomo, los partidos políticos, las ONG y los sindicatos. Este pacto social deberá promover la protección de los derechos humanos y la igualdad de género en la respuesta al VIH y trabajar para impulsar al proceso de normalización laboral de las personas con VIH.

3.3.- Considerar a nivel autonómico a todas las personas con VIH como ‘personas con discapacidad’, con el fin de que puedan beneficiarse de los mecanismos de protección contra la discriminación contemplados en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta medida permitiría cumplir mejor lo dispuesto en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual aboga por un modelo social basado en los derechos humanos.

3.4.- Impulsar programas de salud sexual que incluyan la prevención del VIH y otras ITS, eliminar la criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras del sexo, escuchar sus reivindicaciones y promover otras oportunidades formativas y laborales reales para quienes no desean seguir ejerciendo.

3.5 – La integración laboral de las personas con discapacidad constituye una pieza clave para lograr su inserción en la sociedad. De ahí que sea determinante que la regulación jurídica de las pensiones públicas no tenga una influencia inhibidora en su acceso al mercado de trabajo. Por ello se impulsarán las reformas necesarias para que se cumpla la ley y en caso excepcional de ser necesario la presentación del certificado requerido para el acceso de empleos de estas personas no se refleje el diagnóstico de VIH, lo que ayudaría a un aumento del número de contrataciones y la disminución de los niveles de rechazo en el acceso al empleo que se están detectando entre personas con el VIH por esta causa.

 

4.- Político. Iniciativas que garanticen una adecuada gestión pública e institucional de las políticas en materia de VIH y sida.

4.1.- Que se constituya de nuevo las secretarías autonómicas sobre el VIH y el sida en aquellas comunidades autónomas donde han sido suprimidas y que se recapitalice tanto económica como técnicamente para poder asumir el liderazgo y la coordinación de las políticas de prevención, asistencia, cooperación internacional e investigación relacionadas con el VIH, el sida y otras ITS. Así como que se consigne explícita e inequívocamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma los recursos económicos destinados para su funcionamiento y actividad.

4.2.- Ampliar y apoyar programas de capital social que se enfoquen en respuestas al VIH que sean sostenibles y que estén impulsados por la comunidad, mediante la inversión en desarrollo comunitario, formación de redes, fortalecimiento de capacidades y recursos para las organizaciones y redes de personas que viven con el VIH.

4.3.- Refuerzo de los programas de Apoyo psicosocial a personas con VIH tanto los que son ejecutados en el ámbito de las administraciones, como en el de las entidades sin ánimo de lucro.

4.4.- Compromiso de apoyar las celebraciones del Día Mundial del Sida organizadas por la sociedad civil y  celebración institucional en consonancia con los protocolos utilizados en celebraciones semejantes (iluminación de edificios emblemáticos, comunicado oficial, colocación del lazo rojo, etc).

4.5.- La descatalogación del VIH como enfermedad infectocontagiosa por enfermedad infecto-transmisible. Instar al gobierno central para que elabore desde el Ministerio de Sanidad de una norma que determine un catálogo de enfermedades objeto de especial consideración a los efectos de bienes y servicios.

5.- Educación. Para garantizar el desarrollo humano es necesario asegurar los derechos sexuales de toda la ciudadanía, y avanzar hacia una sociedad sana sexualmente es avanzar en la lucha contra la transmisión del VIH y otras ITS. La mejor herramienta para llegar a esta meta es a través de la educación sexual y la salud sexual, las administraciones tienen que asegurar que se  implemente los contenidos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, para así garantizar que el derecho a la salud sexual sea real y efectivo..

5.1.- Creación, en el ámbito autonómico o municipal, de un Plan o Servicio de Salud Sexual que promueva entre todos los ciudadanos y ciudadanas la educación sexual y una vivencia saludable de su sexualidad.

5.2. “Los datos muestran que la educación sexual integral capacita a los jóvenes para que puedan tomar decisiones informadas en cuanto a su salud y su comportamiento sexual, al tiempo que sirve para combatir creencias e ideas erróneas y perjudiciales sobre la salud sexual, el VIH y otras ITS”. Se promoverá la puesta en marcha y desarrollo de procesos educativos en la enseñanza pública favoreciendo los derechos fundamentales y otorgando a las personas de igual valoración y goce real de derechos y oportunidades con el fin de acabar con las discriminaciones y los prejuicios en el ámbito de la sexualidad.