Cesida inicia su X Congreso reclamando acabar con “la discriminación institucional y estructural”

La Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida) ha inauguado este viernes su X Congreso, bajo el lema ‘Nuevos Retos, Nuevas Oportunidades’, con la reclamación de que se produzcan “cambios normativos” que acaben con las restricciones a las personas con esta enfermedad para acceder, entre otras, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, algo que enmarcan dentro de una “discriminación institucional y estructural”.

El acto de inauguración ha contado con la participación de representantes políticos (PSOE, Podemos y Ciudadanos), sindicales y de movimientos asociativos, como la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, la nueva directora del Plan Nacional sobre el Sida, Julia del Amo o el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, quienes han evidenciado su “compromiso” en avanzar en la erradicación del VIH en España.

Durante la jornada, Cesida, además de abordar los nuevos retos que se plantean para los pacientes con esta enfermedad, debatirá sobre los tratamientos antirretrovirales, que permiten que las personas con VIH en tratamiento alcancen la carga viral indetectable y por la tanto no puedan transmitir el virus; la “discriminación” que “siguen sufriendo”; o la implantación de la profilaxis pre exposición (PrEp), lo que consideran “el reto más inmediato”.

“Después de más de 20 años de lucha todavía tenemos muchos retos sin resolver. Estamos bastante cansados de la regulación que existe en España del VIH y sus consecuencias. Necesitamos un cambio normativo que nos de garantía jurídica en casos como el acceso a la Policía o a ser guardia jurado, por ejemplo”, ha reclamado el presidente de Cesida, Ramón Espacio, quien considera este hecho una “discriminación institucional y estructural”.

Por ello, ha hecho especial hincapié en la puesta en marcha del Pacto Social por la no Discriminación y la igualdad de Trato Asociada al VIH, un documento de consenso elaborado por el Plan Nacional sobre el Sida en 2011 que engloba una serie de medidas para luchar contra la discriminación y el estigma asociado a la infección por VIH, las personas que la padecen o en riesgo de contraerlo.

“Este es un trabajo que tienen que hacer los legisladores. Todos los políticos con los que nos reunimos nos entienden, pero esto nunca cambia. Ya estamos cansados de papel mojado. Impulsar el Pacto Social y otros cambios legislativos sin coste ayudaría a no limitar los derechos de 150.000 personas en España, algo que un país europeo no se puede permitir por calidad democrática”, ha aseverado Espacio, quien se ha mostrado “relativamente optimista” con el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez.

Desde Cesida también se resalta que los avances biomédicos permiten nuevas estrategias preventivas como la PrEP, cuya autorización de comercialización en Europa fue aprobada por la Comisión Europea en agosto de 2016. “Esta estrategia preventiva sigue sin estar disponible en España a pesar de ser el país de Europa con mayor prevalencia al VIH. No es admisible esperar más tiempo, tenemos una herramienta eficaz aprobada para evitar que en España se infecten por VIH 10 personas al día, pero la implementación de esta herramienta sigue sin ser puesta en marcha”, ha lamentado.

“COMPROMISO” POLÍTICO PARA LA PrEP

Ante esta reclamacion, Adriana Lastra se ha comprometido a “sacar adelante la PrEP”, así como a cumplir los objetivos de Onusida de 90-90-90 en 2020: el 90 por ciento de las personas que viven con el VIH conozcan su estado serológico respecto al VIH, el 90 por ciento de las personas diagnosticadas con el VIH reciban terapia antirretrovírica continuada; y el 90 por ciento de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan supresión viral.

En este sentido, el director general de Igualdad de Trato y Diversidad, Ignacio Sola, ha señalado que el Gobierno quiere aplicar un enfoque basado en los derechos humanos, para lo que “es imprescindible” la participación de los pacientes en la elaboración de las políticas contra el sida. “Tenemos que impulsar marcos normativos que prohíban la discriminación, para que no estén señalados ni marcados”, ha resaltado.

“Es importante que la lucha contra el sida se ponga en la agenda política y en el diálogo social, con cláusulas de no discriminación en los convenios colectivos. Las personas con VIH no puedan dejar de ser contratadas o despedidas por tener esta enfermedad”, ha reclamado en la misma línea la responsable del Área de Igualdad de UGT, Elena Blasco.

En representación de Unidos Podemos, el diputado Juantxo López de Uralde ha resaltado que la lucha contra el VIH es “un ejemplo de activismo de éxito”. Por su parte, la diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid Marta Barbán ha manifestado su voluntad de que el nuevo presupuesto regional incorpore una partida destinada a la implantación de la PrEP, ya que “no es una cuestión ideológica, sino que son las sociedades científicas las que marcan el camino”.

Agencias.